Organización y movilización social para salvar nuestros bosques nativos, humedales y espacios verdes ribereños

Con fecha 14 de mayo de 2014, el Colegio de Auditores Generales de la Nación resolvió aprobar el informe de auditoria de gestión ambiental realizado en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación respecto a la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos.

La Ley 26.331, aprobada en el año 2007 y reglamentada recién en Febrero de 2009 fija los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos brindan. El Decreto 91/09 designó como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), que no cumplió con la aplicación de la Ley. A nivel de las jurisdicciones provinciales, es autoridad de aplicación el organismo que las provincias y la ciudad de Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de cada jurisdicción.

Casi cinco años después de reglamentada la ley, la Auditoria General de la Nación verifica una serie de debilidades de enorme importancia, que en los hechos crea los baches suficientes para que esta ley caiga en saco roto y la voracidad de quienes solo piensan en los negocios siga avanzando sobre los espacios verdes vitales para el mantenimiento de muchos ecosistemas. En criollo los negocios sojeros, y las especulaciones inmobiliarias aún encuentran resquicios para sus negociados debido a que aún falta la reglamentación de algunos artículos, a raíz de lo cual las jurisdicciones la interpretan de manera desigual.

Por otro lado, algunos ordenamientos territoriales de bosques nativos no se ajustan a lo establecido en la Ley nacional. Entre ellos se destaca el caso de Salta, donde se han realizado recategorizaciones, incumpliendo con el Decreto 91/09, art. 9, y los principios precautorio, preventivo y de sustentabilidad de la Ley General del Ambiente.

A su vez, transcurridos más de cuatro años de la reglamentación de la Ley, faltan OTBN en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja y Santa Fe.

En la provincia de Buenos, la Oficina para el Desarrollo Sostenible (OPDS) pretende enviar a la Legislatura provincial un proyecto de ley que significaría la perdida de los humedales costeros y espacios verdes de enorme trascendencia. Solo la organización y movilización popular puede detener estos planes e implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo.

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